El argumento parecía convincente: la Administración era un residuo del franquismo y había que democratizarla, acabar con los corporativismos, adaptarla a la nueva realidad del país, que iba a descentralizarse, a modernizarse, a acabar con toda la “caspa” acumulada durante tantos años y en la que era fácil incluir a esos funcionarios que se suponían grises y conservadores.
Comenzaron a brotar los cargos de libre designación pero también muchas plazas de interinos en todas las autonomías que se comenzaron a cubrir, al menos en parte, con el aluvión clientelar de los partidos o de los sindicatos. Las oposiciones se fueron restringiendo y adaptando para que se quedarán con las plazas los que ya estaban dentro, los de la tierra, los nuestros, lo cual parecía de lo más lógico. Los tribunales dejaron de ser técnicos y fueron tomados por arribistas políticos o sindicales que no sólo controlaban el proceso sino que lo modulaban a su antojo e incluso a veces ponían hasta las preguntas sobre temas de los que no sabían demasiado.
Los baremos de méritos eran continuamente modificados y comenzaron a discriminar por causas ajenas al mérito y a primar el idioma, la nacionalidad, la interinidad previa o lo que fuera conveniente para que se quedarán los que tenían que quedarse. Lo que hizo casi imposible que nadie joven, estudioso e independiente tuviera la más mínima oportunidad. Las “comisiones de servicio” perdieron su presunta utilidad para convertirse en prebendas que solo podían conseguirse por la proximidad al poder, con los motivos más banales, interesados e injustificados.
Los políticos, a los que el poder parecía investir de una sabiduría que no tenían, terminaron eliminando enseguida a cualquier funcionario díscolo que se creyera mínimamente su independencia. Era fácil claudicar dada la correlación de fuerzas. Sólo cabe imaginar, como ejemplo, la situación de un secretario de ayuntamiento o de un interventor en la Marbella de Gil o en tantos otros sitios, en la mayoría de los sitios. Nadie sabe de héroes que seguro que los hubo y terminaron rindiéndose en un clamoroso silencio mediático.
Así, tantos años con la gente atrapada en su comunidad autónoma y teniendo que buscarse la vida con ese sistema de incentivos, asumiendo otra vez, como toda la vida, que sólo el que tiene padrinos se bautiza y que más vale olvidarse del esfuerzo de estudiar por las noches o cultivar virtudes relacionadas con la honradez o el sentido crítico y dedicarse a explorar otras, mucho más rentables, como meterse en un partido político o tratar de liberarse por un sindicato o sólo jugar de ser complacientes con los que reparten, al menos para no perjudicar se demasiado.
El resultado es que se han comprometido muchas cosas. No sólo la posibilidad de una esperanza individual de estabilidad o ascenso social o, incluso de cambio de aires, por el que se podía competir de una forma relativamente limpia y estable, con unas reglas claras. También la de una administración independiente, profesionalizada, motivada, que garantizara el cumplimiento de las leyes democráticas y previniera la corrupción.
El resultado está a la vista y es una de las causas del resentimiento social de mucha gente que se esfuerza y que no ve forma de prosperar en un entorno laboral cooptado, en lo público y en lo privado, mientras observa cómo brotan por todas partes los felones que intentaron patrimonializarlo todo y han puesto en peligro todo lo más valioso…
“El espectáculo ahora por fin visible de la corrupción no habría llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permanecido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie parece interesado en poner remedio: el descrédito y el deterioro de la función pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el control de oficio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones. Cuando se habla de función pública se piensa de inmediato en la figura de un funcionario anticuado y ocioso, sentado detrás de una mesa, dedicado sobre todo a urdir lo que se llama, reveladoramente, “trabas burocráticas”. Esa caricatura la ha fomentado la clase política porque servía muy bien a sus intereses: frente al funcionario de carrera, atornillado en su plaza vitalicia, estaría el gestor dinámico, el político emprendedor e idealista, la pura y sagrada voluntad popular. Si se producen abusos los tribunales actuarán para corregirlos (…)”.
“(…)El vuelco administrativo implica poner fin al progresivo deterioro en la calidad de los servicios públicos, en los procesos de selección y en las condiciones del trabajo y en las garantías de integridad profesional de quienes los ejercen. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo acabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda. Desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Ni siquiera hace falta el robo para que suceda el desastre. Que se construya un teatro de ópera para tres mil personas en una pequeña capital o un aeropuerto sin viajeros en mitad de un desierto no implica solo la tontería o la vanidad de un gobernante alucinado: requiere también que no hayan funcionado los controles técnicos que aseguran la solvencia y la racionalidad de cualquier proyecto público, y que sobre los criterios profesionales hayan prevalecido las consignas políticas.
En cada ámbito de la administración se han instalado vagos gestores mucho mejor pagados siempre que los funcionarios de carrera. Obtienen sus puestos gracias al favor clientelar y ejercen, labores más o menos explícitas de comisariado político. Pedagogos con mucha más autoridad que los profesores; gerentes que no saben nada de música o de medicina pero que dirigen lo mismo una sala de conciertos que un gran hospital; directivos de confusas agencias o empresas de titularidad públicas, a veces con nombres fantasiosos, que usurpan y privatizan sin garantías legales las funciones propias de la administración. En un sistema así la corrupción y la incompetencia, casi siempre aliadas, no son excepciones: forman parte del orden natural de las cosas. Lo asombroso es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos.
Que toda esa gente, contra viento y marea, haga bien su trabajo, es una prueba de que las cosas pueden ir a mejor. Construir una administración profesional, austera y eficiente es una tarea difícil, pero no imposible. Requiere cambios en las leyes y en los hábitos de la política y también otros más sutiles, que tienen que ver con profundas inercias de nuestra vida pública, con esas corruptelas o corrupciones veniales que casi todos, en grado variable, hemos aceptado o tolerado.
El cambio, el vuelco principal, es la exigencia y el reconocimiento del mérito. Una función pública de calidad es la que atrae a las personas más capacitadas con incentivos que nunca van a ser sobre todo económicos, pero que incluyen la certeza de una remuneración digna y de un espacio profesional favorable al desarrollo de las capacidades individuales y a su rendimiento social. En España cualquier mérito, salvo el deportivo, despierta recelo y desdén, igual que cualquier idea de servicio público o de bien común provoca una mueca de cinismo. La derecha no admite más mérito que el del privilegio. La izquierda no sabe o no quiere distinguir el mérito del privilegio y cree que la ignorancia y la falta de exigencia son garantías de la igualdad, cuando lo único que hacen es agravar las desventajas de los pobres y asegurar que los privilegiados de nacimiento no sufren la competencia de quienes, por falta de medios, solo pueden desarrollar sus capacidades y ascender profesional y socialmente gracias a la palanca más igualitaria de todas, que es una buena educación pública”.
